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El 1 de julio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que levanta la mayoría de las sanciones económicas impuestas a Siria, en un giro radical de la política exterior estadounidense. La medida excluye al expresidente Bashar al-Assad y a sus principales colaboradores, pero abre la puerta a la reintegración del país en el sistema financiero internacional y al restablecimiento de relaciones diplomáticas con Washington.
La decisión fue recibida con entusiasmo en varias ciudades sirias, especialmente en Damasco y Alepo, donde miles de ciudadanos salieron a las calles con banderas y cánticos de agradecimiento, celebrando lo que consideran un punto de inflexión tras más de una década de guerra y aislamiento. El nuevo presidente interino, Ahmed al-Sharaa, calificó la medida como “una oportunidad histórica para reconstruir el país y reconciliarse con la comunidad internacional”.
Desde la Casa Blanca, se argumentó que la medida busca “apoyar el camino de Siria hacia la estabilidad y la paz”, y que se mantendrán restricciones contra actores vinculados al terrorismo, narcotráfico o violaciones de derechos humanos. No obstante, la decisión ha generado reacciones mixtas en la comunidad internacional, con algunos gobiernos expresando cautela ante el perfil del nuevo liderazgo sirio y su pasado vinculado a grupos extremistas.
