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El crecimiento acelerado del parque de motocicletas en Venezuela —más de un millón de unidades activas hasta el primer trimestre de 2025— se ha convertido en reflejo de una movilidad urbana profundamente desigual. Aunque Caracas lidera el fenómeno, ciudades intermedias y zonas rurales también reportan un alza sostenida. La falta de un sistema de transporte público eficiente ha convertido a la moto en la única opción viable para miles de ciudadanos que necesitan desplazarse o generar ingresos.
Según cifras de la AIFEM, la producción de motocicletas se multiplicó por más de seis entre 2022 y 2024, lo que confirma una tendencia de largo plazo. Este auge obedece no solo a la practicidad del vehículo, sino a su rol como herramienta de trabajo esencial en sectores como delivery, mototaxis y oficios técnicos. Sin embargo, este crecimiento ocurre al margen de políticas públicas y planificación urbana, generando impactos negativos en seguridad vial, salud pública e inclusión social. En marzo de 2025, el 64% de las muertes por siniestros viales correspondieron a motociclistas o sus acompañantes.
El fenómeno expone también una crisis estructural: la moto se ha convertido en símbolo de sobrevivencia, informalidad y exclusión. Grupos vulnerables, como mujeres y personas con discapacidad, enfrentan barreras adicionales por la falta de infraestructura y opciones inclusivas. Aunque han surgido modelos de motos adaptadas, la respuesta sigue siendo del mercado, no del Estado. Especialistas advierten que, sin una política integral que incluya fiscalización, formación vial, infraestructura segura y reconocimiento legal del motorizado como actor clave en la movilidad nacional, el país seguirá improvisando soluciones a una crisis que exige estrategias estructurales.
