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Organizaciones no gubernamentales, activistas de derechos humanos y partidos políticos de la oposición venezolana condenaron el fallecimiento del preso político Jesús Martínez Medina, de 36 años, quien falleció bajo custodia del Estado este jueves 14 de noviembre en el estado Anzoátegui.
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón recordó que «su muerte es un recordatorio doloroso de las consecuencias de la persecución política y de la falta de garantías a los derechos humanos».
Martínez Medina estaba preso desde el 29 de julio pasado. Fue testigo electoral del entonces candidato opositor Edmundo González Urrutia en una escuela del municipio Aragua, en Anzoátegui.
Era una persona con diabete tipo II y afecciones cardiacas. El 8 de noviembre el exfiscal venezolano Zair Mundaray denunció que le negaron atención médica por lo que le salieron abscesos en una de sus piernas. Fue entonces cuando lo enviaron al hospital Luis Razzetti de Barcelona, pero no le permitieron realizarle una ecografía.
«Rechazamos la falta de atención médica oportuna que sufrió Jesús Martínez Medina durante su detención. Padecía de diabetes tipo II que le ocasionaba abscesos en la piel y deficiencias cardíacas, condiciones que se agravaron debido durante su prisión. La falta de atención médica adecuada es una violación flagrante a los derechos humanos a la salud y a la vida, y un acto de crueldad», agregó Justicia, Encuentro y Perdón.
Mundaray tuvo duras críticas al fiscal Tarek William Saab, a quien apoda el «fiscal del terror». Sobre esta muerte aseguró este 14 de noviembre que «jamás debió estar preso, ser testigo de mesa no es un crimen. Le negaron todos sus derechos, incluyendo la atención médica básica lo condenaron a muerte».
Agrefó que Martínez Medina «fue perseguido y estigmatizado por el fiscal del horror Tarek Wiliam Saab que suma otra víctima a la larga lista que tiene en su haber, el juez que le negó el traslado tendrá que pagar este asesinato y el defensor público que no hizo gestiones a su favor también es responsable de esta atrocidad».
La presidenta del Instituto Casla, Tamara Suju, se pronunció con opiniones similares.
«Desde hace unos días se pedía en las redes sociales por atención médica especializada y urgente, ya que tenía necrosis en las piernas por la diabetes que padecía, agravada por los maltratos sufridos, la falta de atención sanitaria y las condiciones inhumanas de la prisión. #JesusManuelMartinez Nunca debió estar preso. El régimen continúa ejecutando crímenes de lesa humanidad», escribió en X.
Los partidos Primero Justicia y Encuentro Ciudadano también condenaron esta muerte.
«Queremos reiterar la mención al artículo 43 de la Constitución, que hizo la presidente de nuestro partido (Delsa Solórzano) hace pocos días, refiriéndose justamente al caso de Jesús: ‘El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla. El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad, prestando el servicio militar o civil, sometidas a su autoridad en cualquier otra forma’”, dijo Encuentro Ciudadano.
Primero Justicia añadió que «este joven solo estaba luchando por el retorno de la democracia en el país y murió injustamente bajo la custodia del régimen, sumándose a la lista de presos políticos que han muerto en sus manos y sin nadie que se haga responsable».
En Venezuela al menos desde 2015 más de 10 presos políticos han muerto bajo custodia del estado. Entre ellos se encuentran Leoner Azuaje, de 39 años de edad, quien fue presidente de Cartones de Venezuela y lo detuvieron en 2023 por los operativos anticorrupción dentro de Pdvsa y otras empresas del Estado.
También se cuentan el primero de estos casos que fue el de Roberto González, El Aviador. Lo hallaron muerto dentro de una celda del Sebin el 12 de marzo de 2015. El concejal Carlos García, del partido Primero Justicia, falleció en septiembre de 2017 y sus familiares dijeron que fue por falta de asistencia médica en Apure, donde lo mantenían preso.
Rafael Arreaza Soto era un teniente de 28 años que murió el 30 de noviembre de 2017. Lo mantenían preso en la cárcel militar de Ramo Verde, en Miranda. La versión oficial determinó que intentó fugarse y le dispararon en dos oportunidades.
El pasado 8 de octubre se cumplieron seis años de la muerte del concejal Fernando Albán, quien murió en 2018 bajo custodia del Sebin. El partido Primero Justicia negó la versión oficial de que el político se habría lanzado desde el edificio de la sede de la policía política en Plaza Venezuela. Lo calificaron como un homicidio.
El expresidente de Pdvsa, Nelson Martínez, que estaba preso desde 2017 murió a la espera de juicio el 12 de diciembre de 2018. Mientras que el 28 de julio de 2019 falleció el capitán Rafael Acosta Arévalo por la tortura a la que lo sometieron durante su arresto.
El 29 de agosto de 2019 murió Pedro Santana, de 75 años. Lo apresaron por supuestos planes de conspiración contra el gobierno de Nicolás Maduro y es hasta ahora el más longevo en morir bajo custodia del Estado.
Al indígena pemón Salvador Franco, preso desde finales de 2019 por supuestamente ser parte de un grupo de personas que asaltó dos cuarteles en Bolívar, estuvo recluido en la cárce de El Rodeo en Miranda. Aunque solicitaron asistencia médica en reiteradas ocasiones murió por falta de ellas, denunciaron activistas, ONG y sus familiares.
En agosto de 2021 falleció Gabriel Medina Díaz. Lo mantenían en la cárcel de La Pica, en Monagas. Lo vincularon con un supuesto plan para secuestrar el primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello. El Foro Penal dijo que su deceso ocurrió por un paro respiratorio al no recibir la atención médica que necesitaba.
El general y exministro de la Defensa Raúl Isaías Baduel falleció en el Sebin en 2021. Fue apresado en el año 2017 para un segundo juicio en su contra. Estuvo en Ramo Verde, la Dirección General de Contrainteligencia Militar, la tumba del Sebin de Plaza Venezuela y el Sebin de El Helicoide. Su muerte ocurrió el 12 de octubre de ese año, tiempo después de que le practicaron una operación quirúrgica. Su familia denunció este caso. El fiscal Tarek William Saab afirmó que murió por COVID-19.
